Todos somos compas: crónica de una represión anunciada

Boletín de organizaciones civiles...

Jueves 27 de noviembre de 2014
Desde Xalapa, Veracruz, demandamos: 
¡Libertad inmediata e incondicional a los presxs políticxs del 20NovMX! Todos somos compas: crónica de una represión anunciada
El  20  de  noviembre  policías  federales  y  del  Gobierno  del  Distrito  Federal  acataron  la  orden gubernamental de desalojar a los manifestantes que acudieron al Zócalo a recibir las Caravanas de los familiares de los 43 desaparecidos de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.  Por las redes aún circulan imágenes del operativo: al asedio de una nube de gas lacrimógeno que generó una retirada en desbandada, los granaderos, con su escudo y su tolete, su equipo antimotines, ejercieron toda  su  violencia,  su  sadismo,  su  brutalidad.  El  operativo  ya  estaba  preparado:  los  granaderos apostados a las calles aledañas a Palacio de Gobierno tan solo esperaron la orden de desalojar a los últimos contingentes de la manifestación. El Estado ya había advertido sobre el uso de la fuerza pública: el 20 de noviembre es la crónica de una represión anunciada. 
Durante el desalojo hubo 14 detenidos: estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y artistas,  entre  ellos  un  ciudadano  de  nacionalidad  chilena.  Cuatro  personas  fueron  brutalmente golpeadas  y  remitidas  al  Hospital  de  Traumatología  del  IMSS,  Magdalena  de  la  Salinas.  Los  11 restantes  fueron  entregados  arbitrariamente  a  la  Policía  Federal  en  las  calles  de  Pino  Suárez  y Corregidora, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es decir, la impunidad frente a las instituciones responsables de “impartir justicia”. Los policías federales, en lugar de llevarlos a la Delegación Metropolitana de la PGR conforme a proceso, los trasladaron a la SEIDO, donde se negó el acceso a los abogados, impidiéndoles proceder de manera adecuada. Es decir, el “debido proceso” fue violado sistemáticamente.
A lxs detenidxs se les inició un proceso de investigación bajo los cargos de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo. Si bien este último delito fue retirado de los cargos, nuestros compañeros y compañeras fueron trasladados a penales de alta seguridad el día sábado 22 de noviembre a las 7 de la mañana bajo los cargos falsos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio.  Las  3  mujeres,  Hillary  Analí  González  Olguín,  Liliana  Garduño  Ortega  y  Tania  Ivonne Damián Rojas fueran remitidas al Centro Federal Femenil “Noroeste“, de Tepic Nayarit. Los 8 varones fueron remitidos al Centro Federal de Readaptación Social no. 5 “Oriente“ en Villa Aldama, Veracruz: Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (de nacionalidad chilena), Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Francisco García Martínez y Carlos Pichardo Moreno.
“Restablecieron el orden le guste a quien le guste” (sic) fue el mensaje que dio el Secretario de Seguridad  Pública  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  Jesús  Rodríguez  Almeida,  para  justificar  el operativo policíaco de desalojo del Zócalo y las ILEGALES detenciones de nuestros compañeros y compañeras. Esta brutal acción se enmarca en el avance sistemático de la campaña que el Estado ha emprendido para “justificar” el uso de la fuerza pública y criminalizar la legal y legítima protesta
social. Nuestrxs compañerxs y nosotrxs ejercemos nuestros derechos: el Estado es quién delinque.
La sociedad civil nacional e internacional ha sido muy clara: FUE EL ESTADO. Diferentes organismos de  defensa  de  los  derechos  humanos,  prensa  nacional  e  internacional,  intelectuales,  artistas, activistas y organizaciones hemos denunciado que el objetivo de esta campaña es desmovilizar, infundir un miedo generalizado en la población y justificar –que no legitimar‐ el uso de los cuerpos represivos para restablecer el orden; un orden que no es otra cosa que el fin de las manifestaciones de descontento contra un “Estado de Derecho” corrupto, criminal y evidentemente caduco. Un Estado que no puede garantizar la seguridad de las personas es, a todas luces, incapaz, incompetente, fallido. Afirmamos esto, no sólo por los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, sino por los más de 120 mil asesinados y más de 30 mil desaparecidos que hay en nuestro país. Hoy, México es una fosa clandestina: y el Estado es responsable de estos crímenes de lesa humanidad.
El mensaje que pretende transmitir “la autoridad” es que las manifestaciones intentan desestabilizar el  gobierno,  por  lo  que  es  necesario  el  uso  “legítimo”  de  la  fuerza  pública,  la  fuerza  civil,  la gendarmería nacional, el ejército, la marina, etc. Afirmamos que la legitimidad no se instituye por decreto ni se impone por consigna, se construye mediante diálogos y consensos. El “uso legítimo de la violencia” no puede ser pretexto para violentar nuestros derechos constitucionales.
Denunciamos que hay un acoso ILEGAL por parte del Estado a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil. Esta persecución ha sido acicateada por la prensa y los medios de comunicación serviles al Estado, quienes han replicado de manera íntegra y procaz los mensajes del gobierno. 
El  encarcelamiento  de  los  11  detenidos  del  20NovMx  en  penales  de  máxima  seguridad  y  la intentona del gobierno de imputarles el cargo de terrorismo se enmarca en este contexto y resulta alarmante. Con pruebas sin ningún sustento jurídico, el Estado pretende fincar en los detenidos los cargos de asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio basándose en el testimonio de los policías que los detuvieron, quienes afirman que pertenecen a una misma organización porque se dijeron entre ellos “compas“ y los acusan de intentar asesinarlos porque opusieron resistencia al arresto. Más aún, el Estado ha entregado documentos recabados por el sistema de inteligencia federal sobre grupos anarquistas de 2011 como antecedentes del caso, lo cual está lejos de ser verídico. 
Los  cargos  y  los  antecedentes  que  se  adjudica  a  los  detenidos  son  falsos. La abogacía de los detenidos ha entregado pruebas contundentes para demostrarlo y el movimiento social acciona y accionará para probarlo y garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presxs políticos del 20 de noviembre. 
Todxs somos compas significa que todos nos estamos movilizando para defender la vida, para transformar nuestra realidad y garantizar la paz social en cada uno de los rincones de nuestro país. Exigimos  la  libertad  inmediata  e  incondicional  de  los  detenidos  del  20  de  noviembre. Responsabilizamos al gobierno federal y en particular a Enrique Peña Nieto por la integridad física, emocional y moral de nuestrxs compañerxs.
Denunciamos la represión orquestada desde los tres órdenes de gobierno para intentar frenar un movimiento social que ya es incontenible. Nuestra rebeldía es justa, porque la injusticia es vasta.
Los invitamos al plantón pacífico‐cultural que se instalará a partir de las 17 hrs. en el Juzgado 17 de Distrito del Poder Judicial de la Nación en Ávila Camacho no. 190, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz. 
Llamamos a la más amplia solidaridad nacional e internacional para que en México la impunidad no tenga cabida. 


¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos¡
¡Todxs somos compas!
¡Presxs Políticos Libertad¡



Comité de familiares por la libertad #Presos Políticos 20NovMx
Frente Popular Francisco Villa Independiente
Red Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Frente de Organizaciones y Ciudadanos Veracruzanos:
Ciudadanos Libres 
Académicos UV
Artistas
Movimiento Insurgencia Magisterial Veracruzano
Maíz
Colectivo Morris
Facultad de Sociología UV
Las Minas
Colectivo Espiral
Coppal
Colectivo por la Paz
Movimiento Pobladores
Colectivo Maanvoima

"Gobierno que solo pretende ganar tiempo": FNLS

MANIFIESTO POLÍTICO:

Contra el terrorismo de Estado, por la justicia y dignidad del pueblo

Ante la negativa del gobierno federal de presentar vivos a los 43 estudiantes normalistas detenidos desaparecidos e impartir justicia ante el crimen de Estado cometido por los cuerpos policiacos y paramilitares en la Ciudad de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, ante la respuesta dilatoria de un gobierno que hace de la impunidad, la aquiescencia y omisión, su estrategia política de terrorismo de Estado, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS emitimos el siguiente manifiesto político:

Hace  más de un mes de los hechos execrables sucedidos en Iguala Guerrero, de los asesinatos de 3 estudiantes, uno de ellos con suma crueldad y tres ciudadanos más, así como la detención-desaparición forzada de otros 43 normalistas, crimen de Estado a todas luces abominable en toda la extensión de la palabra cometido por cuerpos policiacos y paramilitares, con la complicidad del Ejército Mexicano (aquiescencia y omisión) con todas las agravantes de la ley, premeditación (acto planeado por las altas esferas militares y policiacas del Estado), alevosía y ventaja (contra estudiantes indefensos e inermes).

A la luz de los acontecimientos ha quedado demostrado que desde un primer momento la intención de los cuerpos policiacos, militares y paramilitares fue el de asesinar, causar daños irreparables, infundir el terror y cometer crímenes de lesa humanidad en contra de los normalistas que realizaban actividades políticas propias del movimiento estudiantil.

La acción premeditada de los cuerpos policiacos y paramilitares fue con el claro propósito de centrar sus ataques contra la estructura organizativa estudiantil, puesto que 10 de ellos son activistas, en su conjunto éstos 43 estudiantes fueron detenidos desaparecidos de manera forzada por el Estado mexicano, independientemente de la estructura que haya participado en este crimen de lesa humanidad. Los estudiantes normalistas no están ausentes por su voluntad, tampoco fueron “levantados” o “secuestrados”, son víctimas de la desaparición forzada por motivos políticos.

La responsabilidad del Estado no deja lugar a dudas, la fingida actitud de indignación de Enrique Peña Nieto no debe engañarnos, las 10 promesas hechas apresuradamente a los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad solo tiene como objetivo, desarticular la protesta popular, crear la ilusión de un supuesto compromiso gubernamental.

Entendemos y compartimos el dolor de los familiares de las víctimas de éste crimen de Estado, precisamente por ello consideramos que no se pude confiar en un gobierno pro oligárquico conformado por funcionarios marrulleros, sin ética, ni escrúpulos, que hacen del discurso demagógico y falaz una herramienta de dominación y manipulación, lucrando con el dolor y los sentimientos de los familiares de las víctimas.

Prevenimos a los familiares, organizaciones, y al pueblo en general a que no seamos sorprendidos, engañados o manipulados por las promesas de un gobierno que solo pretende ganar tiempo, ofrecer sin escrúpulos soluciones que no concreta, apostarle al cansancio y desesperación de familiares, a ofrecer todo sin hacer nada, a manipular a la opinión pública con el arsenal mediático con que cuenta, aplicando la política de linchamiento y criminalización de la protesta popular y del movimiento estudiantil a través de los monopolios de la comunicación, desde donde se azuza, se incita y se promueve a la confrontación entre los diversos sectores del pueblo.

Analicemos el actuar de funcionarios gubernamentales que  desde el primer momento de la denuncia pusieron oídos sordos como lo manifestó Osorio Chong para  quien el caso de Iguala no era de incumbencia federal; así mismo, se montó una estrategia mediática y dilatoria que le permite al gobierno ganar tiempo y fabricar coartadas que hagan posible evadir su responsabilidad utilizando chivos expiatorios, o en el mejor de los casos sacrificar piezas desechables.

Desde el ejecutivo federal ante la creciente indignación, la protesta popular y la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes normalistas, hoy se hacen desplantes de cinismo  e histrionismo para simular la preocupación y la actuación de todo el aparato policial y militar, ¿Quién puede creer en su fingida incapacidad para presentar con vida a los estudiantes detenidos desaparecidos? Cuando tiene todos los recursos para hacerlo, más aun cuando está plenamente acreditado que fue el Estado el responsable directo de este acto criminal y terrorista.

No es posible creer en la tesis del Estado de que las desapariciones forzadas en el país son cometidas por la “delincuencia organizada”, coartada recurrente para ocultar su responsabilidad en los asesinatos de más de 130 mil ciudadanos, más de 70 mil detenidos desaparecidos, a los que se suman los hechos criminales cometidos por el Estado el pasado 26 de septiembre.

La delincuencia organizada es otro instrumento paramilitar del Estado, por lo que nunca lo combate ni combatirá porque para el Estado burgués el paramilitarismo realiza el trabajo sucio de detener-desaparecer, masacrar y torturar, a los luchadores sociales en un intento por desarticular el avance del descontento popular como parte de la polarización  de la lucha de clases.

Tlatlaya en el estado de México e Iguala en Guerrero, no son los únicos casos de terrorismo de Estado en el país, como antecedente están las emblemáticas masacres estudiantiles en los 60s y 70s cometidos por la dictadura priista, el caso de 17 campesinos masacrados en Aguas Blancas Guerrero 1995, 45 indígenas Tzotziles en Acteal Chiapas 1997, El Charco en Guerrero 1998, y las decenas de profesores, indígenas, colonos y campesinos, asesinados en el movimiento popular magisterial en Oaxaca en 2006.

También como antecedente inmediato está la detención-desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruza Sánchez, Lauro Juárez, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, en Oaxaca, Francisco Paredes Ruiz en Michoacán 2007… y los más de 70 mil casos de desaparición forzada por motivos políticos y sociales en el sexenio de Felipe Calderón y la administración actual de Peña Nieto.

 Estos hechos no son fortuitos, obedecen a una estrategia de Estado que aplica lineamientos imperialistas, con el objetivo de crear condiciones para que las empresas trasnacionales y nacionales se apoderen sin ningún obstáculo a sangre y fuego de recursos energéticos, mineros, tierras, y diversas materias primas, es decir, generar condiciones de reacumulación de capital que le permita al capitalismo salir fortalecido de su crisis económica prolongada.

 Los estudiantes normalistas no son delincuentes, como deliberadamente han pretendido hacer creer tanto el gobierno estatal y federal a través de hipótesis policiacas filtradas subrepticiamente para confundir al pueblo, revictimizar a las víctimas al convertirlos de esta manera en victimarios.

Así mismo denunciamos la política de represión, amenazas e intimidación de manera velada y abierta desatada por el gobierno federal contra los familiares de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos, de los 6 asesinados y las decenas de heridos, sin que cese la amenaza de desaparecer las normales rurales del país y de la ocupación policiaca-militar y paramilitar de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.

La cifra escalofriante de más de 70 mil casos de desaparición forzada en México por motivos políticos y sociales, reflejan la magnitud criminal y genocida de los gobiernos neoliberales por imponer a cualquier costo un régimen autoritario, un Estado policiaco-militar y un estado de derecho burgués. Las fosas “descubiertas” son el testimonio fehaciente del terrorismo de Estado que se ejerce como una forma brutal de dominio sobre el pueblo  para garantizar la explotación económica y la opresión política de la burguesía sobre el proletariado.

No son momentos de actitudes timoratas y medrosas, sino de audacia y creatividad de las masas populares organizadas; de crear una dirección política colectiva sustentada en los principios del marxismo-leninismo; de impulsar un proyecto de unidad que fortalezca al movimiento popular independiente.

Con fundamento en lo anterior, consideramos como una necesidad apremiante cerrar filas contra el terrorismo de Estado, seguir sumando esfuerzos por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas y la de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy.

Esta lucha es de carácter nacional, porque Ayotzinapa somos todos, y ninguna forma de lucha se desmerita, por el contrario, se deben complementar en la articulación de un plan general de acción que nos permita detener la embestida represiva y de terrorismo de Estado, así como enjuiciar política y jurídicamente a los autores intelectuales y materiales de estos execrables crímenes de Estado y de lesa humanidad.

A impulsa el siguiente plan general de acción de carácter nacional e internacional:

1.       No cejar en la exigencia de presentación con vida hasta encontrarlos a los 43 estudiantes normalistas detenidos desaparecidos.

2.       Por el juicio y castigo a los criminales de Estado.

3.       Porque somos pueblo, continuar desarrollando creativamente la solidaridad incondicional a las víctimas del terrorismo de Estado.

4.       Exigir al unísono ¡Alto al terrorismo de Estado!

5.       Porque ¡todos somos Ayotzinapa! a propagar a lo largo y ancho del país las acciones de protesta popular.

6.       Porque es una necesidad obligatoria, impulsar la coordinación y unidad en el movimiento popular.

7.       A nutrir todos el foro de denuncia permanente en el plano nacional.

8.       Porque el pueblo merece conocer la verdad, a impulsar una campaña de información ante las mentiras, calumnias, y los montajes mediáticos que se vierten desde el aparato de Estado y los monopolios de la comunicación.

9.       ¡Si reprimen a uno, nos reprimen a todos! Por lo que es necesario responder con la movilización política de masas y la acción solidaria.

10.   Impulsar la organización popular independiente por ser ésta la única alternativa que nos han dejado para detener la escalada represiva del Estado y garantizar nuestra vida, libertad, derechos humanos y constitucionales.

 

 

FRATERNALMENTE

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS Y SOCIALES EN EL PAÍS!

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS

 

 

Noviembre de 2014

Violencia y peligro, enfrenta el gremio periodístico en Guerrero

México,  DF, a 3 de noviembre de 2014

 

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), exigimos al Estado mexicano y a las autoridades estatales de Guerrero generen e implementen medidas urgentes de seguridad y protección para salvaguardar la integridad personal y el ejercicio periodístico de nuestras compañeras y compañeros de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que se encuentran cubriendo la situación de violencia por la que  atraviesa esta entidad federativa.

 

El gremio periodístico en Guerrero necesita de nuestra atención debido a que su labor está enfocada en hacer visible la situación de violencia e inseguridad y es esa misma situación la que ha condicionado y vulnerado al periodismo. Hechos como el terror y el miedo generalizado que en el caso de las compañeras impide salir a cubrir a ciertas horas o zonas, la detención y encañonamiento por parte de un grupo armado de policías federales a una caravana  de periodistas que se dirigía a cubrir la localización de osamentas en el municipio de Cocula, la censura y el bloqueo a la información por parte de servidores públicos son un claro ejemplo del nivel de riesgo y los tipos de violencia al que el periodismo se enfrenta día con día.

 

Éste contexto exacerbado de violencia se intensifico después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal del municipio de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos en el municipio de Iguala, seis personas más murieron y 25 fueron heridas por parte de elementos de la policía municipal quienes hicieron uso excesivo de la fuerza y presuntamente entregaron a los 43 normalistas detenidos al grupo delictivo. Ante estos hechos, familiares, compañeras y compañeros de los normalistas desaparecidos, sociedad civil y organizaciones civiles han implementado diferentes acciones de apoyo ante la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que ha imperado en esta entidad.

 

La situación de violencia que ha prevalecido en el Estado se demuestra en antecedentes como la matanza de 17 campesinos en el municipio de Aguas Blancas en 1995, en el que policías dispararon en contra de ellos cuando se dirigían a un mitin para exigir mejoras a su comunidad; la masacre de la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad indígena del Charco en el municipio de Ayutla de Los Libres, cuando el Ejército Federal rodeo, disparo y lanzó 2 granadas de fragmentación a una escuela primaria en donde se llevaría a cabo una asamblea comunitaria, dando como resultado 11 muertos, 5 heridos y 22 detenidos que fueron torturados durante 2 días en la 9ª Región Militar.

 

La ineficacia, la acción u omisión y las irregularidades en las investigaciones de las autoridades han sido una constante alrededor de estos hechos, ante esta situación el descontento social se ha incrementado. La situación de inseguridad ha desatado una crisis de ingobernabilidad que afecta y vulnera drásticamente el ejercicio periodístico.   

 

Compañeras periodistas de la entidad han expresado la situación sumamente preocupante y peligrosa para la realización del ejercicio periodístico, la forma en la que el miedo se ha convertido en la constante y como en contextos de extrema violencia su integridad se ve doblemente vulnerada. CIMAC ha registrado de 2012 a 2013 seis casos de violencia contra mujeres periodistas que cubrían la fuente de política y seguridad en Guerrero quienes han sido violentadas por medio de amenazas para que dejaran de investigar, estas situaciones dejan ver las nulas condiciones para ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información que deja a la sociedad desprotegida y por lo tanto genera un daño en el tejido social.

 

Los hechos contravienen lo expresado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

 

Ante este contexto hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales así como a los organismos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas, exhortamos también a servidores públicos y específicamente a las áreas de comunicación social generen las condiciones idóneas y permitan el acceso a la información a nuestras compañeras y compañeros.  

 

Atentamente

 

·         La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.  Red integrada por  periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo.

 

• La Red Nacional de Periodistas. Integrada por periodistas hombres y mujeres de todas las entidades federativas de México.

 

·         Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Organización Civil sin fines de lucro y Agencia de Noticias con perspectiva de Género. Desde 2005 Cimac ha registrado y documentado casos de violencia contra mujeres periodistas con el objetivo de visibilizar las particularidades enfrentadas por ellas y generar formas de atención adecuadas a su condición social y profesional. Balderas 86, Col. Centro, C.P 06050, México D.F, Tel: +5255 5510 0085, www.cimac.org.mx