Todos somos compas: crónica de una represión anunciada

Boletín de organizaciones civiles...

Jueves 27 de noviembre de 2014
Desde Xalapa, Veracruz, demandamos: 
¡Libertad inmediata e incondicional a los presxs políticxs del 20NovMX! Todos somos compas: crónica de una represión anunciada
El  20  de  noviembre  policías  federales  y  del  Gobierno  del  Distrito  Federal  acataron  la  orden gubernamental de desalojar a los manifestantes que acudieron al Zócalo a recibir las Caravanas de los familiares de los 43 desaparecidos de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.  Por las redes aún circulan imágenes del operativo: al asedio de una nube de gas lacrimógeno que generó una retirada en desbandada, los granaderos, con su escudo y su tolete, su equipo antimotines, ejercieron toda  su  violencia,  su  sadismo,  su  brutalidad.  El  operativo  ya  estaba  preparado:  los  granaderos apostados a las calles aledañas a Palacio de Gobierno tan solo esperaron la orden de desalojar a los últimos contingentes de la manifestación. El Estado ya había advertido sobre el uso de la fuerza pública: el 20 de noviembre es la crónica de una represión anunciada. 
Durante el desalojo hubo 14 detenidos: estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y artistas,  entre  ellos  un  ciudadano  de  nacionalidad  chilena.  Cuatro  personas  fueron  brutalmente golpeadas  y  remitidas  al  Hospital  de  Traumatología  del  IMSS,  Magdalena  de  la  Salinas.  Los  11 restantes  fueron  entregados  arbitrariamente  a  la  Policía  Federal  en  las  calles  de  Pino  Suárez  y Corregidora, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es decir, la impunidad frente a las instituciones responsables de “impartir justicia”. Los policías federales, en lugar de llevarlos a la Delegación Metropolitana de la PGR conforme a proceso, los trasladaron a la SEIDO, donde se negó el acceso a los abogados, impidiéndoles proceder de manera adecuada. Es decir, el “debido proceso” fue violado sistemáticamente.
A lxs detenidxs se les inició un proceso de investigación bajo los cargos de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo. Si bien este último delito fue retirado de los cargos, nuestros compañeros y compañeras fueron trasladados a penales de alta seguridad el día sábado 22 de noviembre a las 7 de la mañana bajo los cargos falsos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio.  Las  3  mujeres,  Hillary  Analí  González  Olguín,  Liliana  Garduño  Ortega  y  Tania  Ivonne Damián Rojas fueran remitidas al Centro Federal Femenil “Noroeste“, de Tepic Nayarit. Los 8 varones fueron remitidos al Centro Federal de Readaptación Social no. 5 “Oriente“ en Villa Aldama, Veracruz: Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (de nacionalidad chilena), Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Francisco García Martínez y Carlos Pichardo Moreno.
“Restablecieron el orden le guste a quien le guste” (sic) fue el mensaje que dio el Secretario de Seguridad  Pública  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  Jesús  Rodríguez  Almeida,  para  justificar  el operativo policíaco de desalojo del Zócalo y las ILEGALES detenciones de nuestros compañeros y compañeras. Esta brutal acción se enmarca en el avance sistemático de la campaña que el Estado ha emprendido para “justificar” el uso de la fuerza pública y criminalizar la legal y legítima protesta
social. Nuestrxs compañerxs y nosotrxs ejercemos nuestros derechos: el Estado es quién delinque.
La sociedad civil nacional e internacional ha sido muy clara: FUE EL ESTADO. Diferentes organismos de  defensa  de  los  derechos  humanos,  prensa  nacional  e  internacional,  intelectuales,  artistas, activistas y organizaciones hemos denunciado que el objetivo de esta campaña es desmovilizar, infundir un miedo generalizado en la población y justificar –que no legitimar‐ el uso de los cuerpos represivos para restablecer el orden; un orden que no es otra cosa que el fin de las manifestaciones de descontento contra un “Estado de Derecho” corrupto, criminal y evidentemente caduco. Un Estado que no puede garantizar la seguridad de las personas es, a todas luces, incapaz, incompetente, fallido. Afirmamos esto, no sólo por los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, sino por los más de 120 mil asesinados y más de 30 mil desaparecidos que hay en nuestro país. Hoy, México es una fosa clandestina: y el Estado es responsable de estos crímenes de lesa humanidad.
El mensaje que pretende transmitir “la autoridad” es que las manifestaciones intentan desestabilizar el  gobierno,  por  lo  que  es  necesario  el  uso  “legítimo”  de  la  fuerza  pública,  la  fuerza  civil,  la gendarmería nacional, el ejército, la marina, etc. Afirmamos que la legitimidad no se instituye por decreto ni se impone por consigna, se construye mediante diálogos y consensos. El “uso legítimo de la violencia” no puede ser pretexto para violentar nuestros derechos constitucionales.
Denunciamos que hay un acoso ILEGAL por parte del Estado a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil. Esta persecución ha sido acicateada por la prensa y los medios de comunicación serviles al Estado, quienes han replicado de manera íntegra y procaz los mensajes del gobierno. 
El  encarcelamiento  de  los  11  detenidos  del  20NovMx  en  penales  de  máxima  seguridad  y  la intentona del gobierno de imputarles el cargo de terrorismo se enmarca en este contexto y resulta alarmante. Con pruebas sin ningún sustento jurídico, el Estado pretende fincar en los detenidos los cargos de asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio basándose en el testimonio de los policías que los detuvieron, quienes afirman que pertenecen a una misma organización porque se dijeron entre ellos “compas“ y los acusan de intentar asesinarlos porque opusieron resistencia al arresto. Más aún, el Estado ha entregado documentos recabados por el sistema de inteligencia federal sobre grupos anarquistas de 2011 como antecedentes del caso, lo cual está lejos de ser verídico. 
Los  cargos  y  los  antecedentes  que  se  adjudica  a  los  detenidos  son  falsos. La abogacía de los detenidos ha entregado pruebas contundentes para demostrarlo y el movimiento social acciona y accionará para probarlo y garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presxs políticos del 20 de noviembre. 
Todxs somos compas significa que todos nos estamos movilizando para defender la vida, para transformar nuestra realidad y garantizar la paz social en cada uno de los rincones de nuestro país. Exigimos  la  libertad  inmediata  e  incondicional  de  los  detenidos  del  20  de  noviembre. Responsabilizamos al gobierno federal y en particular a Enrique Peña Nieto por la integridad física, emocional y moral de nuestrxs compañerxs.
Denunciamos la represión orquestada desde los tres órdenes de gobierno para intentar frenar un movimiento social que ya es incontenible. Nuestra rebeldía es justa, porque la injusticia es vasta.
Los invitamos al plantón pacífico‐cultural que se instalará a partir de las 17 hrs. en el Juzgado 17 de Distrito del Poder Judicial de la Nación en Ávila Camacho no. 190, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz. 
Llamamos a la más amplia solidaridad nacional e internacional para que en México la impunidad no tenga cabida. 


¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos¡
¡Todxs somos compas!
¡Presxs Políticos Libertad¡



Comité de familiares por la libertad #Presos Políticos 20NovMx
Frente Popular Francisco Villa Independiente
Red Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Frente de Organizaciones y Ciudadanos Veracruzanos:
Ciudadanos Libres 
Académicos UV
Artistas
Movimiento Insurgencia Magisterial Veracruzano
Maíz
Colectivo Morris
Facultad de Sociología UV
Las Minas
Colectivo Espiral
Coppal
Colectivo por la Paz
Movimiento Pobladores
Colectivo Maanvoima